Ofrecían en venta propiedades que no eran de ellos
La organización se habría apropiado de 850 millones de pesos de las víctimas que eran contactadas para ofrecerles inmuebles y terrenos administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Santiago de Cali, Valle del Cauca . – Cinco presuntos integrantes de una red que estafan a ciudadanos, especialmente, víctimas del conflicto, ofreciéndoles predios administrados por la Sociedad de Activos Especiales, fueron judicializados.
La Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento de su acción investigativa, logró la judicialización de cinco presuntos integrantes de una red delincuencial que estarían involucrados en la estafa a población víctima del conflicto armado y madres cabeza de hogar, con la supuesta venta de bienes administrados por el Estado en varios municipios de Valle del Cauca.
Se trata de Álvaro José Correa Jaramillo, Gerardo Antonio Carvajal, José Eliécer Torres Camilo, Julio César González Ruíz y Andrés Felipe Herrera Jiménez, a quienes un fiscal de la Seccional Cali les imputó los delitos de concierto para delinquir y estafa agravada.
De acuerdo la investigación, estas personas se habrían concertado para vender ilegalmente casas, apartamentos, fincas, terrenos para proyectos productivos, entre otros bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Para esto utilizaban documentos falsos como escrituras públicas, cartas catastrales, planos topográficos, promesas de venta, certificados de tradición y contratos de corretaje.
El material probatorio da cuenta de que contactaban a las víctimas, entre las que también se encontraban fundaciones sin ánimo de lucro y las atraían con supuestas visitas a los lugares para establecer los precios de los inmuebles. Asimismo, recaudaban dinero bajo la fachada de aportes voluntarios que serían utilizados para financiar la papelería, escrituras, contratos, y autenticaciones notariales, que acompañarían la compra.
Estas actividades ilegales se estarían adelantando en inmuebles de Jamundí, Palmira, Sn Juan Bautista de Guacarí, Tuluá, Buga y San Pedro. Los procesados se habrían apropiado de 850 millones de pesos, en 16 eventos ocurridos entre junio de 2020 y enero de 2024.
Correa Jaramillo, sería el presunto cabecilla del grupo y articulador de las actividades ilícitas, Carvajal en su calidad de abogado se encargaría de tramitar los contratos de compra/venta y contactar a las víctimas.
Por su parte, Torres Camilo, era la persona, que, al parecer, conseguía los planos topográficos de los bienes y González Ruíz, sería quien recaudaba los dineros y firmaba los supuestos contratos de compra/venta.
Cuatro de los procesados fueron capturados en diligencias de registro y allanamiento adelantadas por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de uniformados de la Policía y el Ejército Nacional a viviendas en Santiago de Cali, Valle del Cauca.
