• Escalada terrorista ha causado muertos, heridos y daños incalculables a infraestructura de la Fuerza Pública
  • Cientos de uniformados han resultado afectados en cumplimiento de su deber por las acciones de los grupos al margen de la Ley

Santiago de Cali, Valle del Cauca . - La confrontación armada contra las estructuras criminales en las regiones más apartadas y violentas del país continúa cobrando vidas y dejando un alto saldo de lesionados entre las filas de la Policía Nacional y el Ejército.

El recrudecimiento de los atentados con explosivos, emboscadas y el uso de nuevas tecnologías criminales, como drones artillados, por parte de disidencias de las Farc, el ELN y bandas dedicadas al narcotráfico, mantiene en alerta máxima a las autoridades y genera profunda preocupación en el suroccidente colombiano.

Un balance marcado por la sangre y el riesgo

De acuerdo con los reportes oficiales y de seguimiento a la seguridad nacional, las cifras de afectaciones a la Fuerza Pública reflejan la crudeza del conflicto actual:

Pérdidas humanas: Los ataques sistemáticos contra la fuerza militar y la autoridad policial suman decenas de víctimas fatales entre soldados y patrulleros, quienes pierden la vida protegiendo la soberanía y el orden público en zonas críticas como el Cauca, Nariño, el Catatumbo y los Llanos Orientales.

Uniformados lesionados: El número de heridos en combates, atentados con minas antipersonal y hostigamientos armados se cuenta por cientos. Muchos de estos héroes de la patria han quedado con secuelas físicas permanentes tras cumplir misiones constitucionales.

Nuevas modalidades de ataque: El uso indiscriminado de métodos terroristas —incluyendo artefactos explosivos lanzados desde drones y emboscadas a caravanas y estaciones de policía— evidencia el desafío táctico que enfrentan las tropas en los territorios.

La voz de las regiones y el llamado institucional

Desde las diferentes guarniciones militares y comandos de policía se ha reiterado el respaldo absoluto a los uniformados y a sus familias, destacando que, a pesar de las adversidades y el alto riesgo que representa el control territorial, la misión de garantizar la seguridad ciudadana no se detiene.

Organismos de veeduría y defensores de derechos humanos han hecho un llamado reiterativo para que se redoblen las medidas de protección de la fuerza pública y se fortalezcan las capacidades de inteligencia, advirtiendo que la paz en las regiones exige garantías reales para quienes sostienen el Estado de derecho frente a las economías ilícitas y los grupos armados al margen de la ley.

La intensificación de los ataques por parte de estructuras disidentes de las FARC, el ELN y grupos del crimen organizado mantiene en máxima alerta a la Fuerza Pública en varias regiones de Colombia.

De acuerdo con los consolidado de seguimiento del Ministerio de Defensa y los informes de orden público de la Defensoría del Pueblo, el suroccidente colombiano y las zonas fronterizas registran la mayor concentración de uniformados muertos, heridos y hostigados en lo que va del año.

Zonas del país más afectadas por violencia contra uniformados

Suroccidente colombiano (Cauca, Valle del Cauca y Nariño)

Puntos críticos: Jamundí, Morales, Suárez, Miranda, Argelia (Micay) y la zona rural de Buenaventura y Tumaco.

Modalidad delictiva: Hostigamientos con coche-bomba, minas antipersonal y una marcada escalada en el uso de drones artillados con explosivos contra estaciones de Policía y bases militares.   

Impacto: Concentra más del 40% de las afectaciones (muertos y heridos) registradas a nivel nacional.

Subregión del Catatumbo (Norte de Santander)

Puntos críticos: Tibú, El Tarra, Sardinata, Teorama y Convención.

Modalidad delictiva: Francotiradores contra patrullas terrestres, emboscadas a caravanas de movilidad y embestidas con explosivos lanzados en puntos fronterizos.

Antioquia (Nordeste y Subregión del Bajo Cauca)

Puntos críticos: Segovia, Remedios, El Bagre, Anorí y Valdivia.

Modalidad delictiva: Ataques armados directos durante patrullajes rurales y emboscadas conjuntas por disputas territoriales entre el Clan del Golfo y disidencias.

Arauca y Orinoquía (Meta y Guaviare)

Puntos críticos: Saravena, Tame, Arauquita, Puerto Concordia y San José del Guaviare.

Modalidad delictiva: Atentados contra la infraestructura de transporte militar y confrontaciones directas durante operaciones de control territorial.

Cifras del impacto institucional

Repunte nacional: Los balances de seguridad del Ministerio de Defensa señalan que la cifra de uniformados heridos y fallecidos mantiene la tendencia crítica registrada desde el año pasado, superando los 700 heridos y decenas de victimas fatales por acciones terroristas directas.

Municipios en alerta: El número de localidades golpeadas por la presencia de estructuras criminales y ataques armados supera los 600 municipios a nivel nacional.